El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública una propuesta que pretende establecer la obligación de identificar a los inversores de criptoactivos.
El gobierno español permanece decidido en su objetivo de identificar completamente a los usuarios e inversores de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Ahora están trabajando para alinear sus regulaciones con la normativa europea DAC8, que establece obligaciones para los intercambios de criptoactivos.
Según un documento de consulta pública emitido por el Ministerio de Hacienda, las autoridades españolas buscan “incorporar a la legislación nacional” la directiva DAC8 antes del 31 de diciembre de 2025.
Para llevar a cabo esta transposición, se plantea la modificación de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria en España. Asimismo, se redactará un real decreto para regular la obligación de identificar la residencia fiscal de los usuarios de criptoactivos y reportar las transacciones relacionadas con ellos.
Este real decreto también modificará la normativa que obliga al sector bancario a identificar la residencia fiscal de las personas que controlen ciertas cuentas financieras.
En la consulta pública, el Ministerio de Hacienda indica que será necesario crear una orden ministerial para aprobar el modelo de declaración informativa sobre criptoactivos, así como una ordenanza que modifique la normativa que aprueba el Modelo 289, relacionado con la declaración informativa anual de cuentas financieras.
En su documento, la Hacienda española resalta que desde noviembre de 2023 han expresado la intención de implementar un nuevo estándar de intercambio automático de información sobre criptomonedas, así como llevar a cabo modificaciones para el ámbito de las cuentas bancarias.
En resumen, con la aprobación de las propuestas del Ministerio de Hacienda, España tendrá la capacidad de exigir a los exchanges de criptomonedas y empresas similares que informen detalladamente sobre las personas o compañías que operan con bitcoin y otras criptomonedas.
En general, las empresas del sector de los criptoactivos, además de necesitar autorización para operar en territorio español, deberán obligatoriamente proporcionar a Hacienda información sobre la identidad de las personas o compañías que operan con criptomonedas, su número de identificación fiscal, domicilio, valor de los activos en euros, valor de compra, valor de venta y cualquier otra operación realizada con estos activos.
España ya fiscaliza a los usuarios de bitcoin
Con su movimiento, España se pliega a la DAC8, normativa que fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre del 2023, la cual exige a los exchanges de criptomonedas a informar las transacciones de los usuarios, bajo el alegato de luchar contra la evasión fiscal.
La DAC8 entra en vigor en enero de 2026, por lo que los países del bloque europeo tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuar sus normativas y reglamentos internos a lo establecido por la regulación.
La normativa atiende a las directrices establecidas en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos que fue aprobado en abril de 2023. Norma que entra en vigencia este 2024.
Ahora bien, España ya es uno de los países que más se ha permitido regular al ecosistema de bitcoin. Desde la publicidad hasta la tributación, el país ibérico se ha perfilado como pionero en las normativas impuestas sobre el mercado emergente.
De hecho, actualmente está en marcha la campaña de declaración informativa de criptomonedas en el exterior, bajo el Modelo 721, cuya presentación debe realizarse antes de que finalice el corriente mes de marzo.
Dicho modelo enciende las alarmas de los inversionistas de bitcoin y criptomonedas, considerando que, a partir de estas declaraciones, el gobierno de España ahora tiene mucha información que podría utilizar para fiscalizar a los usuarios.
Esto de acuerdo con el economista español Jesús Lorente, quien explicó que la Hacienda de España ahora tendrá conocimiento de las operaciones que realizan los usuarios españoles.
“Lo que hará muy fácil para Hacienda cruzar datos con las declaraciones para comprobar si han declarado sus criptomonedas correctamente o no”, dijo Lorente.
Justo por esa razón, cada vez hay más usuarios e inversionistas españoles de bitcoin que optan por la autocustodia de sus fondos para evitar declarar ante la Hacienda, según lo explicado por el economista José Antonio Bravo a este medio.
