El gobierno de España promueve el uso de las billeteras físicas de criptomonedas (sin ser consciente de ello).

La entrevista resaltó el aumento significativo en la cantidad de información que Hacienda tendrá disponible este año sobre los usuarios de Bitcoin, considerando el extenso volumen de datos que ahora se requiere proporcionar con los nuevos modelos.

Tanto Bravo como Lunaticoin expresaron su preocupación por el nivel de vigilancia que las autoridades españolas están intentando imponer, el cual infringe la privacidad al solicitar incluso detalles íntimos.

Bravo señaló que el grado de control parece evidente, especialmente con el modelo 721, que busca información sobre las criptomonedas mantenidas en el extranjero. Esta información, anteriormente no disponible para las autoridades, ahora se obtendrá mediante esta nueva exigencia.

El experto considera que España podría ser el único país en el mundo que implementa estos modelos, que acceden a información mediante los datos proporcionados proactivamente por el contribuyente.

Por lo tanto, ve al modelo 721 como una creación exclusiva de España, posiblemente para experimentar. Añade que este modelo viola la libertad de capitales, ya que requiere la entrega de información que no debería ser reportada. Insiste en que lo que uno tiene fuera del país es información privada.

Bravo sugiere que tal vez lo que las autoridades desean es que los contribuyentes proporcionen la información necesaria, lo que les permitiría conocer tanto las tenencias dentro de España (a través de los modelos 172 y 173) como las tenencias en el extranjero. De esta manera, tendrían acceso a todos los activos del contribuyente.

En cuanto al uso de herramientas de vigilancia como Chainalysis, incluyendo Reactor, por parte del gobierno español y Hacienda, el experto confirma su utilización, pero asegura que solo se emplean para investigar a usuarios que manejan grandes sumas de dinero en criptomonedas, y en casos en los que se sospeche de la comisión de algún delito.

Bravo añade que si las transacciones promedio son de alrededor de 2.000 euros, por ejemplo, no se justificaría el seguimiento de esas operaciones con herramientas tan costosas. Segun informaron los organismos policiales de España han estado utilizando este software desde 2022 para sus investigaciones.