El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires sostiene que la empresa Worldcoin emplea “cláusulas injustas”.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, ha anunciado la imputación de la empresa Worldcoin.

Según el comunicado oficial de la provincia, esta medida fue tomada después de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores detectara la presencia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de Worldcoin. De esta manera, se estaría violando lo estipulado en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Según lo detalla el comunicado, las autoridades de la provincia de Buenos Aires encontraron discrepancias entre la información proporcionada por Worldcoin y los datos recolectados durante las inspecciones realizadas en diversas localidades de la provincia, donde Worldcoin ha estado operando desde el año anterior.

En estos lugares, los representantes del proyecto han estado invitando a las personas a escanear su iris con un dispositivo llamado Orb. Esto se realiza a cambio de instalar la aplicación financiera World App en sus teléfonos y recibir el token WLD como recompensa.

Las discrepancias identificadas por las autoridades están relacionadas con el uso, la protección y el almacenamiento de los datos biométricos recopilados de los usuarios argentinos. Según observan las autoridades provinciales argentinas, esta información privada aparentemente se almacenaría en Brasil.

Además, durante los operativos, la empresa hace que las personas firmen contratos de adhesión identificados como “Términos y Condiciones de Uso”, “Aviso de Privacidad” y “Formulario de Consentimiento de Datos”.

A través de estos contratos, Worldcoin podría estar incurriendo en varias infracciones. Por ejemplo, la empresa no muestra señalizaciones que indiquen que la edad mínima requerida para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.

También se consideran abusivas las cláusulas que permiten a la empresa interrumpir el servicio sin compensación ni reembolso, así como aquellas que obligan a los usuarios a renunciar a reclamaciones colectivas. Además, se cuestiona el hecho de que los contratos apliquen leyes extranjeras, como las de las Islas Caimán, a los argentinos.

Se considera abusivo también que los contratos establezcan que las disputas se resuelvan a través de arbitraje en Estados Unidos, lo que infringe el Código Civil y Comercial de Argentina.

Con todas estas posibles infracciones, Worldcoin podría enfrentar multas de hasta 1.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a más de un millón de dólares).

La noticia de la imputación surge poco después de que Romina Braga, una diputada de la Legislatura bonaerense, propusiera abrir investigaciones sobre el controvertido proyecto. Se está solicitando la intervención de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ampliar las investigaciones.

Con esta acción, Argentina se suma al grupo de más de 8 países en los cuales las autoridades han estado cuestionando las actividades del proyecto. La mayoría de las críticas se centran en la recopilación y uso de datos.

En respuesta a estas preocupaciones, Worldcoin ya no encripta ni almacena los datos biométricos, dejando la decisión sobre qué hacer con ellos a elección de los usuarios. También, la empresa destaca que ha agregado la opción de eliminar permanentemente el código del iris escaneado de sus sistemas y una “verificación de edad cara a cara”.