Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron este 17 de octubre nuevas normas de impuestos que obligarán a todos los exchanges de criptomonedas a informar sobre las transacciones efectuadas.

Se trata de la normativa DAC8, también conocida como la octava directiva sobre cooperación administrativa, la cual establece la obligación de declarar datos de sus clientes para los exchanges, proveedores de wallets, brókeres y otras compañías de criptomonedas.

La medida, aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre pasado, entrará en vigor en enero de 2026. Previamente recibió el visto bueno del Consejo Europeo.  Su objetivo es “restringir el anonimato en las transacciones con criptomonedas y evitar que los usuarios evadan a las autoridades tributarias”.

Para ello, establece que los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño, deberán suministrar información de sus clientes a las autoridades tributarias del país de la UE en el que tienen base las operaciones. Las autoridades deberán, a su vez, enviar toda la data al resto de los socios europeos. Este intercambio tiene fines tributarios, según señala el documento. Se busca con ello “mejorar la recaudación”.

Se aclara asimismo que los movimientos a declarar deben ser los relacionados con activos que se emiten de manera descentralizada, tales como bitcoin (BTC), así como stablecoins y ciertos tokens no fungibles (NFT).

Cabe aclarar que con estas normativas se atienden las directivas establecidas en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) aprobado en abril pasado. Específicamente en lo que concierne a las acciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Al respecto, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, considera que el acuerdo es una buena noticia para la transparencia fiscal en el ámbito de las criptomonedas. Agrega que, a su juicio, “el anonimato significa que muchos usuarios de criptoactivos que obtienen beneficios considerables escapan al control de las autoridades tributarias, lo cual es claramente inaceptable».

Sin embargo, algunos críticos han expresados opiniones contrarias sobre la DAC8. Se señala el atentado contra la privacidad de los usuarios, indicando además que restará capacidad de supervisión a los Estados miembros de la UE.

Max Bernt, director jurídico de Blockpit, escribió en un análisis de principios de este año que un cambio tan radical «afectará en particular a la posibilidad de que los exchanges determinen, caso por caso, si un criptoactivo transferido es notificable o no». También expresó su preocupación por la posible «duplicación de informes».

MetaMask, una app desarrollada por la empresa de software enfocada en criptomonedas Consensys, es una wallet que brinda soporte a la moneda de Ethereum, diversos tokens, NFT y un conjunto de proyectos de la Web3. Hasta el momento se desconoce la razón por la que fue removida de la tienda de aplicaciones de Apple. «Somos conscientes de que MetaMask no está disponible actualmente para descargar en la App Store, indicó la compañía a través de un comunicado.

«Esto no está relacionado con nada malicioso y nuestro equipo está trabajando arduamente para resolverlo lo antes posible», enfatizó el equipo de MetaMask.

En 2019, MetaMask experimento un caso similar, cuando Google Play App Store removió temporalmente la aplicación de Android de su tienda online. En aquel entonces, el equipo de Google citó una política de la empresa que prohíbe la minería de criptomonedas en dispositivos móviles. El equipo de MetaMask fue tajante: «nosotros no hacemos eso».

El equipo de la wallet ha trabajado en distintos proyectos durante los últimos meses, donde destaca el desarrollo de una red rollup denominada Linea. Este rollup se enfoca en el intercambio de valor a través de prueba de conocimiento cero (zero knowledge proof o ZK), que permite ejecutar transacciones más privadas. Se desconoce si este desarrollo puede ser uno de los motivos por los que Apple eliminó la app de MetaMask. Sin embargo, debido a las regulaciones en Estados Unidos y países de Europa sobre redes de intercambio de criptomonedas privadas, se presenta como una posibilidad.

Un rollup de Ethereum es una solución de escalado de capa 2 que traslada la ejecución de contratos inteligentes y el almacenamiento de estado fuera de la cadena principal de Ethereum. Esto permite que la cadena principal se concentre en las transacciones de mayor valor, mientras que los rollups se encargan de validar un mayor número de transacciones, de diversos tokens, fuera de la cadena, a un menor costo para los usuarios.

Recientemente, MetaMask integró en su plataforma el intercambio de forma nativa de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) y Bitcoin Cash (BCH), redes que no son compatibles directamente con Ethereum, como reportó CriptoNoticias. Otras redes no compatibles con Ethereum que se integraron recientemente a MetaMask son Solana, Tezos, Algorand y Starknet.

Durante la conferencia Ethereum Argentina, la desarrolladora de este protocolo Antonela Debiasi reflexionó sobre el modelo de confianza basado en intermediarios en redes de criptomonedas. Para la desarrolladora, es necesario diferencias los modelos de seguridad de los modelos de confianza. Usó el ejemplo de el candado en la barra de direcciones de los navegadores, que muchas veces sugieren que el usuario está protegido cuando en realidad está otorgando confianza.

«No siempre estos indicadores garantizan confianza, sino que son más bien indicadores de confianza corporativa», explicó. Esto quiere decir que la experiencia de usuario se sostiene muchas veces en acuerdos entre empresas privadas, que determinan desde su posición qué es seguro y qué no.

De acuerdo con los datos que maneja la firma de criptomonedas 21.co, el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder unos 194.188 bitcoins (BTC). Esto, como producto de una serie de incautaciones que viene realizando aproximadamente desde 2020.

La cifra, que equivale a unos USD 5.390 millones, convierte al gobierno de Estados Unidos en uno de los mayores poseedores de bitcoin. El gobierno se coloca así incluso por encima de Microstrategy, la empresa de cotización pública con más BTC en el mundo, que hasta ahora holdea cerca de 158.245 bitcoins (unos USD 4.600 millones).

Los BTC en manos del gobierno de EE. UU. provienen de una serie de confiscaciones relacionadas con actividades delictivas, que se han venido realizando desde el año 2020.

Las acciones policiales están ligadas al caso Silk Road, con una incautación de 69.369 BTC en noviembre de 2020; el hackeo de Bitfinex en enero de 2022 (94.643 BTC); y la incautación de 51.326 BTC en procedimientos contra James Zhong .

Se estima que las posesiones en BTC pueden ser mayores, si se toman en cuenta otras incautaciones que no han tenido gran repercusión mediática y de las cuales no se han suministrado mayores detalles. Muchas de ellas provienen de casos de estafa, crímenes federales y delitos en la dark web.

Es así como, a medida que crecen los casos de incautación, el gobierno pasó a ser una de las principales ballenas de bitcoin del mercado. Y aunque publicaciones, como la del Wall Street Journal, aseguran que no hay interés en obtener ganancias porque al gobierno “no le interesa si BTC baja o sube”, la incautación de estos activos se ha convertido en un negocio.

Lo busque o no, el gobierno obtiene ganancias con bitcoin

Las ganancias provienen, por un lado, de la revalorización de la moneda digital en el mercado, pues en estos 3 años bitcoin alcanzó un máximo histórico de casi 70.000 dólares. Lo que generó un aumento sustancial de los activos incautados hasta finales del 2021. Las ganancias se han sostenido luego, a pesar del prolongado criptoinvierno que se experimentó en 2022.

Por otro lado, las ganancias también ingresan a las arcas gubernamentales a través de las subastas de criptomonedas que realiza. La más reciente permitió el ingreso de más de USD 215 millones, tras la venta de unos 10.000 bitcoins el 14 de marzo pasado.

Sobre este tema, Jarod Koopman, director ejecutivo de la sección forense y cibernética del Servicio de Impuestos Internos (IRS), comentó al Wall Street Journal  que el gobierno no comercia activamente ni mide el tiempo del mercado. “Más bien, sus acciones están dictadas por el momento del proceso legal”, asegura.

Intenta así señalar que no hay interés en obtener ganancias. Se pone como ejemplo la subasta de un total de 185.230 bitcoins provenientes de actividades ilícitas, que se hizo en febrero de 2020.

Para ese momento la oficina de alguaciles (adjunta al Departamento de Justicia) había acumulado, desde 2014, una cantidad de bitcoin que se habían apreciado sustancialmente en el mercado. Sin embargo, aunque la venta se realizó a pérdida (al vender con un valor por debajo) ya se habían obtenido beneficios por la tendencia alcista por la que atravesaba el precio de BTC en ese periodo.

Sobre ello, se señala que son los procedimientos administrativos los que al final juegan a favor y permiten al gobierno obtener ganancias. Esto, tomando en cuenta que los trámites suelen tomar años debido a largas investigaciones y procedimientos legales.

Ocurre porque cuando una agencia gubernamental se apodera de un activo digital, no se convierte en propietaria de inmediato. Debe esperar la orden final de un tribunal para el decomiso. Es en ese momento cuando se transfieren las criptomonedas al Servicio de Alguaciles de EE. UU., responsable de liquidar los activos incautados a través de ventas programadas en exchanges.

Mientras tanto, los activos se mantienen en carteras frías que dependen del Departamento de Justicia y del IRS. Una vez que pasan al Servicio de Alguaciles para hacer subastas, el dinero que ingresa por la venta se deposita en el Fondo de Confiscación del Tesoro o en el Fondo de Confiscación de Pertenencias de la División de Justicia.

Hay quienes sostienen que no hay total transparencia en este proceso. No está muy claro el uso que se hace del dinero ganado por las subastas. El gobierno dice que se usa para ayudar en investigaciones futuras.

También se cuestiona el doble papel del gobierno de EE. UU., primero como regulador de criptomonedas y luego como importante poseedor de BTC con gran poder de influencia en el mercado. 

La Ley para los Mercados de Criptoactivos (MiCA) que entra en vigor en diciembre del 2024 está fomentando la expansión de varias empresas de bitcoin (BTC) y criptomonedas hacia Europa. Al mismo tiempo, la regulación, catalogada por muchos como la más novedosa del mundo, también está impulsando el interés de los bancos por comerciar y ofrecer servicios con activos digitales.

El acelerado movimiento que la industria de bitcoin experimenta en la actualidad, deja la sensación de que Europa se convertirá en el epicentro de un nuevo territorio para los negocios y la innovación con criptomonedas.

«Europa central, septentrional y occidental sigue siendo la criptoeconomía más grande del mundo gracias a las finanzas descentralizadas (DeFi), proyectos de tokens no fungibles (NFT) y una creciente claridad regulatoria», indicó Chainalysis el año pasado en su reporte mundial de adopción de bitcoin y otras criptomonedas.

Sus datos muestran que Europa moviliza miles de millones de euros en criptomonedas recibidas por usuarios e instituciones de la región desde julio de 2021 hasta junio de 2022.

Ahora, un año después de aquellas afirmaciones, todo parece estar preparándose para que la región escale al siguiente nivel. Aunque las empresas que arriban a este territorio, también están evaluando sus desafíos y oportunidades.

“Una de las innovaciones más importantes que tiene MICA es que las empresas de criptomonedas con licencia, podremos atender a todo el mercado de la región desde un estado miembro de la Unión Europea”.

Katie Harris, directora de asuntos internacionales de Coinbase Katie Harris.

Sin embargo, Harris cree que ese elemento innovador también presenta el desafío de que los Estados no incurran en riesgo de divergencia, sino que le den la misma interpretación a la regulación, sin que algunos países incluyan variantes con respecto a otros.

Por esa razón, Harris dice que, hasta ahora, Coinbase no termina de decidir dónde se establecerá su entidad. “Estamos considerando una serie de estados miembros de la UE que tienen normas sofisticadas, así como mucha experiencia en términos de regulación de servicios financieros”, agregó.

Coinbase, que recientemente aprobó el registro ante el Banco de España, asegura estar preparada para competir con otros grandes exchanges y empresas de criptomonedas que han anunciado su arribo a territorio europeo.

Un territorio competitivo para una industria que busca crecimiento sostenido

Kraken, el exchange estadounidense de bitcoin y otras criptomonedas también fue registrado ante el Banco de España como un proveedor de servicios de activos virtuales. Además, como parte de su estrategia de expansión, la casa de bolsa adquirió al bróker de criptomonedas holandés Coin Meester B.V.

Coin Meester, fundado en 2017, es uno de los brókers de criptomonedas más antiguos entre los registrados en los Países Bajos y ofrece una amplia gama de servicios. Entre ellos incluye compra, venta y staking de criptoactivos. Tiene acceso a más de 170 activos digitales y vías de financiación locales.

«MiCA permite que los actores de la industria inviertan con confianza en la región y brinden a los consumidores acceso a productos y servicios más competitivos», señaló Kraken en un comunicado.

De igual manera, el exchange argentino Ripio, llegó a España anunciándose como la primera casa de cambio que lista a EURC, la stablecoin de Circle cuyo valor se encuentra atado al euro.

Estos son solo algunos de los movimientos más recientes que están haciendo las empresas de la industria de las criptomonedas en Europa.

Si bien se dice que MICA implica aceptar la vigilancia total del Estado, por otro lado, es aplaudida por muchos, debido a que logra un equilibrio entre fomentar la innovación y mantener la protección de los usuarios de criptomonedas.

También, permite que bancos, reguladores y empresas de criptomonedas, sientan más confianza y entusiasmo para operar de manera integrada. Es el punto de partida para que la industria de las criptomonedas prospere.

Ya es algo que sucede en El Salvador, que apoyado en su regulación amigable con bitcoin, aparece en el mapa de los países con las condiciones más favorables para el florecimiento del ecosistema y la industria de los criptoactivos.

Los bancos se alistan para competir

Con más empresas de criptomonedas llegando a territorio europeo, ahora los bancos se alistan para competir, por lo que trabajan para lograr la igualdad de oportunidades.

Por esa razón han pedido al El Comité de Basilea, conformado por reguladores bancarios de los principales centros financieros del mundo, una ley que les permita operar con criptomonedas.

En ese sentido, la ley bancaria por la que se rigen los bancos de la UE pronto podría incluir una variante para ofrecer claridad sobre la exposición de las entidades bancarias a criptoactivos, tal como lo detalla un documento visto por Reuters.

Es posible que la aprobación de una nueva ley no llegue antes del 2025, pero aún los bancos de Europa hacen sus preparativos para ofrecer servicios con bitcoin y criptomonedas.

De tal manera que el principal banco privado de España, A&G, lanzó un fondo de inversión libre en criptomonedas, con bitcoin y ether (la criptomoneda de la red Ethereum) como principales opciones.

Del mismo modo, el sexto banco más grande de Europa, el Société Générale, fue autorizado para operar con bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa francesa en obtener la licencia regulatoria como proveedor de servicios de activos digitales en ese país.

Todo esto solo es una pequeña fracción de lo que está sucediendo en Europa, pero permite visualizar que está despegando con fuerza una nueva etapa de la economía europea. Es un cambio de paradigma, que toma impulso, pero está claro que no sucederá tan rápido como se pudiera esperar.