Un total de 47 países, entre ellos España, Chile, México y otros de habla hispana, se comprometieron a implementar un nuevo estándar internacional para compartir datos tributarios de los usuarios de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

En un anuncio público, las autoridades financieras de los 47 países acordaron implementar con rapidez el nuevo estándar conocido como Marco de presentación de informes sobre criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés).
Significa que cada jurisdicción incluirá el mecanismo en su legislación con la idea de compartir los datos de los usuarios de criptomonedas, a partir del año 2027.

En particular, el CARF, que surgió de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2022, está diseñado para agilizar el intercambio automático de información entre las autoridades tributarias. Es lo que ellos catalogan como un paso fundamental en el seguimiento y la regulación de las transacciones con bitcoin y otras criptomonedas.

La alianza actual invita a otras jurisdicciones a unirse a ellos. De hecho, la ausencia de la mayoría de los países de América Latina, así como de China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía deja espacio para una futura expansión y colaboración para “no permitir escondites en la evasión fiscal». como apunta el comunicado.

El CARF consta de reglas que se pueden transponer a la legislación nacional para recopilar información de los proveedores de servicios de criptoactivos, entre ellos los exchanges de criptomonedas.

Abarca a los criptoactivos que se pueden mantener y transferir de manera descentralizada, sin la intervención de los intermediarios financieros tradicionales, como lo es bitcoin. También a las clases de activos ya existentes que dependen de una tecnología similar, y a las que puedan surgir en el futuro.

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance anunció que retirará su tarjeta de débito prepagada de Visa en diciembre. Sin señalar los motivos, se indica que la medida entrará en vigencia de manera irrevocable.

En una comunicación enviada a distintos usuarios europeos, la mayor casa de intercambios de criptomonedas del mercado informó que su programa de tarjetas no seguirá operativo y, por tanto, los instrumentos no podrán ser utilizados.

La medida entra en vigencia desde la medianoche del 20 de diciembre de 2023, informó la compañía. Alade que el retiro de las tarjetas no afectará, de ninguna manera, a las cuentas de Binance, las cuales “seguirán funcionando como de costumbre”.

Binance no señaló en su comunicado las razones por las que dejará de circular su tarjeta Visa en Europa. No obstante, en redes sociales usuarios aseguran que la medida responde a que el emisor del producto, la empresa Contis Financial Services, cerrará a finales de este año.

La tarjeta Visa de Binance solo duró en el mercado poco más de tres años, considerando que su lanzamiento fue en septiembre de 2020. En ese entonces, se ofreció el producto con rembolsos de hasta 7% por las compras realizadas. 

El producto financiero permite a los usuarios hacer compras y utilizar el instrumento como una tarjeta de débito tradicional. Pero en lugar de dinero fíat, utiliza criptomonedas para los pagos. Aunque la conversión se hace de manera automática, facilitando las transacciones en puntos de venta de Visa.

No obstante, esta tarjeta de Visa auspiciada por Binance se dejó de emitir en Europa el pasado mes de julio, tal como fue revelado por la agencia de noticias Bloomberg.

Siguen saliendo del mercado las tarjetas de Binance

Con el retiro de la tarjeta Visa de Binance de Europa, el exchange mantiene su medida de sacar del mercado estos productos. Hay que recordar que, en agosto de 2023, la empresa retiró la Binance Card de Argentina, Brasil y Colombia. Se trató de un producto creado por Mastercard que funcionó de manera similar a la versión para Europa.

Aunque Binance no aclara del todo los motivos por los cuales saca del mercado sus tarjetas de criptomonedas, se presume que la presión regulatoria por la que todavía está atravesando el exchange, en Estados Unidos, es una de las más potenciales motivaciones. 

La casa de intercambios creada en 2017 por Changpeng Zhao, es actualmente objeto de una redada regulatoria impulsada por dos oficinas federales estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros y Productos Básicos (CFTC).

Ambas entidades acusan a Binance de violar las leyes federales de valores de los Estados Unidos. También hay señalamientos de que la casa de intercambios está incursa en lavado de dinero, fraude y otros delitos. 

Reanudadas las operaciones con euros en Binance

El retiro de las tarjetas de Visa de Binance en Europa se conoce justo cuando el exchange logró acuerdos con nuevos socios comerciales para gestionar depósitos y retiros en euros, lo que les permitirá retomar las operaciones con esa moneda fíat. 

En otro comunicado, Binance indicó que los socios son Open Banking y el sistema SEPA de la Unión Europea, los cuales facilitarán, entre otras cosas, los depósitos, retiros, compra y venta de criptomonedas con productos financieros, como tarjetas bancarias o saldos fiduciarios.

La asociación también permite a Binance retomar los pares spot contra el euro y ofrecerlos a todos los usuarios de la plataforma.

La reanudación de operaciones con Binance se da luego de que, en septiembre, el exchange rompiera lazos con la plataforma PaySafe, que era la que le permitía las transacciones con euros a través del exchange.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron este 17 de octubre nuevas normas de impuestos que obligarán a todos los exchanges de criptomonedas a informar sobre las transacciones efectuadas.

Se trata de la normativa DAC8, también conocida como la octava directiva sobre cooperación administrativa, la cual establece la obligación de declarar datos de sus clientes para los exchanges, proveedores de wallets, brókeres y otras compañías de criptomonedas.

La medida, aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre pasado, entrará en vigor en enero de 2026. Previamente recibió el visto bueno del Consejo Europeo.  Su objetivo es “restringir el anonimato en las transacciones con criptomonedas y evitar que los usuarios evadan a las autoridades tributarias”.

Para ello, establece que los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño, deberán suministrar información de sus clientes a las autoridades tributarias del país de la UE en el que tienen base las operaciones. Las autoridades deberán, a su vez, enviar toda la data al resto de los socios europeos. Este intercambio tiene fines tributarios, según señala el documento. Se busca con ello “mejorar la recaudación”.

Se aclara asimismo que los movimientos a declarar deben ser los relacionados con activos que se emiten de manera descentralizada, tales como bitcoin (BTC), así como stablecoins y ciertos tokens no fungibles (NFT).

Cabe aclarar que con estas normativas se atienden las directivas establecidas en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) aprobado en abril pasado. Específicamente en lo que concierne a las acciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Al respecto, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, considera que el acuerdo es una buena noticia para la transparencia fiscal en el ámbito de las criptomonedas. Agrega que, a su juicio, “el anonimato significa que muchos usuarios de criptoactivos que obtienen beneficios considerables escapan al control de las autoridades tributarias, lo cual es claramente inaceptable».

Sin embargo, algunos críticos han expresados opiniones contrarias sobre la DAC8. Se señala el atentado contra la privacidad de los usuarios, indicando además que restará capacidad de supervisión a los Estados miembros de la UE.

Max Bernt, director jurídico de Blockpit, escribió en un análisis de principios de este año que un cambio tan radical «afectará en particular a la posibilidad de que los exchanges determinen, caso por caso, si un criptoactivo transferido es notificable o no». También expresó su preocupación por la posible «duplicación de informes».