El Parlamento Europeo aprobó un conjunto de normativas que exigen a las empresas de bitcoin y similares implementar rigurosos procedimientos de verificación de identidad.
La UE fortaleció su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo al aprobar un conjunto de leyes. Estas incluyen la creación de una oficina encargada de supervisar y tomar medidas sobre transacciones sospechosas de bitcoin y otras criptomonedas.
El Parlamento Europeo anunció la aprobación de estas leyes en un comunicado de prensa, destacando que otorgan más autoridad a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la UE para investigar y actuar contra delitos financieros.
De acuerdo con el legislativo, se establecerá oficialmente la Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA), con sede en Fráncfort, Alemania, con el fin de supervisar el cumplimiento de las nuevas normativas.
Según el Parlamento Europeo, esta entidad tendrá la responsabilidad directa de supervisar a las instituciones financieras de alto riesgo, intervenir en caso de deficiencias en la supervisión, coordinar a los supervisores y resolver disputas entre ellos. Además, se encargará de garantizar la aplicación de sanciones financieras específicas.
En líneas generales, las recientes regulaciones de la UE requieren que entidades como empresas de criptomonedas, bancos, gestores de activos y agentes inmobiliarios informen sobre actividades sospechosas a las UIF y otras autoridades competentes, como indica el Parlamento Europeo.
Esta aprobación sigue a un acuerdo provisional alcanzado en enero de este año entre el Consejo de la UE y el Parlamento respecto a este conjunto de leyes.
Además, las nuevas leyes contemplan medidas para fortalecer la supervisión de individuos “extremadamente ricos”, aquellos cuyo patrimonio ascienda a 50 millones de euros. Dichas regulaciones imponen un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo por parte de estos individuos, e incluyen disposiciones para asegurar el cumplimiento de sanciones financieras específicas y prevenir su elusión.
La Unión Europea ha adoptado un enfoque decidido respecto al mercado de criptomonedas a través de un conjunto de normativas diseñadas para combatir los crímenes financieros. Estas regulaciones reflejan un tono similar a otras leyes dentro de la UE que se centran en el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas.
Por ejemplo, la normativa DAC8, aprobada por el Consejo de la UE en octubre de 2023, requiere que los exchanges de criptoactivos informen sobre las transacciones realizadas, con el objetivo de prevenir la evasión fiscal por parte de los usuarios.
Otro ejemplo es la Ley de Mercado de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigor en 2025. Esta ley establece la creación de un registro de empresas de criptomonedas, las cuales deberán someterse a revisiones por parte de las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Aunque el Parlamento Europeo señala que las nuevas normativas ya han sido oficialmente aprobadas, aún están pendientes de evaluación por parte del Consejo de la UE antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que les otorgará plena vigencia como paquete de leyes.
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